Negros nubarrones se ciernen sobre Asturias. No es que sea una novedad, con este clima. Pero estos son nubarrones políticos, que podrían desembocar en una prórroga presupuestaria, en unas nuevas elecciones -muy improbable- o en la anarquía -viendo la calidad de la gestión de nuestros gobernantes, no podemos presuponer que fuera mala-.

Todo ello por la polémica entre la FSA-PSOE y sus socios de gobierno, principalmente UPyD, a cargo de la reforma electoral.

¿Qué pasa con ella? Pues lo esperado.

Por un lado, la FSA no quiere sacarla adelante. Bien por su argumento de que en cambios de este calado es necesario más consenso -aunque se han sacado leyes muy importantes solo con mayoría, incluso simple- o, simplemente, porque no les interesa, ya que supone sacrificar diputados futuros -2 con los resultados de 2012- y, a la vez, perder bastante control sobre ellos, a cambio del apoyo de un solo diputado -aunque IU es partidaria de la reforma, no se están mojando tanto como Ignacio Prendes-.

Por su parte, UPyD considera que la reforma electoral era parte imprescindible del acuerdo de legislatura.

¿En qué se amparan unos y otros para defender sus posturas? En palabrería que la formación magenta no debería haber permitido; con dos palabras clave: amplia y reforzada.

En el acuerdo de legislatura, ambas formaciones estipulaban -entre otras muchas cosas- lo siguiente:

Partiendo de la idea de que el sistema electoral es un elemento estructural del sistema político de la Comunidad Autónoma, hecho que refleja el que el Estatuto de Autonomía remita su concreción a una ley específica de desarrollo estatutario, parece obvio que tanto su aprobación como su reforma debe ser objeto de un amplio debate previo, y su configuración final, objeto de consenso entre las fuerzas políticas o, al menos, de un acuerdo de amplia mayoría.

[…]

Por ello, ambas fuerzas políticas conscientes de la necesidad de seguir en el camino emprendido de mejora de la calidad democrática del Gobierno Autonómico, promoveremos el estudio, debate y reforma si goza del respaldo de la Junta General del Principado de Asturias, de la Ley 14/1986, de 26 de diciembre, sobre régimen de elecciones a la Junta General del Principado de Asturias, que entre otras cuestiones contemple: las modificaciones que propicien la corrección de desequilibrios en el valor del voto de cada asturiano, independientemente del lugar en que resida, adoptando las medidas legales necesarias para ello; el mantenimiento de la barrera electoral en el 3 %; el perfeccionamiento de la fórmula electoral que garantice una mayor proporcionalidad y el desbloqueo de las listas electorales.

Para alcanzar este objetivo promoveremos la inmediata constitución de una Comisión Especial para la evaluación del sistema electoral asturiano y el diseño de medidas que puedan desembocar en una reforma del mismo si goza de un amplio consenso político que, en el seno de la Junta General, se concretaría en una mayoría reforzada.

¿Qué se considera amplia? ¿Y reforzada?

Desde UPyD, la mayoría absoluta de la Junta: 23 diputados, teniendo en cuenta que ello incluye, además, a la mayoría de las fuerzas políticas -no es la imposición de un grupo con mayoría absoluta a todos los demás- y que, para llegar a la situación actual, se ha pasado por una comisión en la que todos los grupos han tenido la posibilidad de escuchar a los expertos y de debatir sobre las diferentes propuestas y opciones. Sin embargo, la FSA entiende que eso no es suficiente, que serían necesarios 2/3 de la cámara -30 diputados-, esto es, que se sumara otra fuerza política. Cosa que no va a ocurrir, porque las dos formaciones de la derecha se están frotando las manos con el desgaste que esto supone para el ejecutivo de Javier Fernández. Río revuelto, ganancia de pescadores.

Este camino, de amplia y reforzada, a los que nos gusta la claridad y que las cosas no se puedan interpretar al gusto -osea, a casi todos los que no hemos estudiado derecho ni estamos en política- nos lleva casi a una cuestión filosófica, a divagar eternamente sobre ambos conceptos.

Por eso lo más adecuado es ceñirse a lo que dicen los expertos, como Miguel Presno Linera (@PresnoLinera), catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo: «La mayoría absoluta ya es mayoría reforzada, y en el Estatuto de Autonomía sólo se pide mayoría absoluta».

Si nos atenemos a su opinión, mucho más cualificada que la mía en este asunto, la razón sería de UPyD.

Y sin embargo, todo este asunto tiene un peligro enorme para ellos. ¿Por qué? Porque, que tengan la razón o no, es lo de menos. La realidad no importa, solo lo que puedas vender. Y la maquinaria de propaganda socialista está muy por encima: muchos más militantes, muchísimas más agrupaciones (74 a 6, de memoria) y mucha más influencia en los medios de comunicación. ¿Puede ganar la formación que dirige Humberto Rodriguez Solla una guerra mediática? No. Así de sencillo. Y eso tiene un peligro claro: que la ciudadanía interprete este asunto como un empecinamiento en busca de intereses personales, de partido; e Ignacio Prendes se queme por el camino.

En esa línea, como era de esperar, centra la FSA su estrategia. Bien a las claras lo dejan las palabras de su nº2, Jesús Gutierrez, indicando que, por la Ley Electoral, UPyD decide castigar al PSOE, a través de los presupuestos, y a quien realmente castiga es a los ciudadanos. Maniobra de libro: colocar a la ciudadanía en contra.

Para los aficionados al poker, estamos ante un all in en el que, si la formación magenta no va de farol, lo debería ir la FSA, salvo que manejen expectativas electorales muy optimistas para 2015, en las que cupiera la opción de gobernar en coalición solamente con IU.

¿Eso es posible? Con el desgaste nacional del PP y lo poco viable que es Cherines como candidata, con Cascos desaparecido y con IU subiendo más que baja el PSOE, sí. Más por deméritos ajenos que por méritos propios, pero eso es lo de menos.

Lo que nos lleva a otra pregunta importante: ¿puede ser, electoralmente, interesante una guerra a campo abierto contra la formación de Ignacio Prendes? ¿Culparlo de una posible parálisis -real o ficticia- del Principado, por la no aprobación de los presupuestos, serviría para martillear su subida? Sin duda sería una estrategia interesante, que les permitiría convertir una debilidad, como es la horrible realidad económica y las dificultades de futuro del Principado, en una fortaleza. ¿No sabes como solucionarlo? Lo usas para golpear a una formación en ascenso que puede ser visagra en tu contra. Un problema usado como arma.

Si esas expectativas existen -o ellos creen que existen, que para tomar una decisión al respecto no hay diferencia-, puede que el hilo se tense hasta que rompa.

En caso contrario, si no existen, dudo mucho que en Santa Teresa puedan arriesgarse a perder la presidencia del Principado.

¿Por qué? Porque, seamos sinceros, el PSOE se parece un poco a la Inglaterra del siglo XV: hay una guerra de las rosas, en la que distintas familias luchan por el poder; con el exilio municipal como sustituto del francés y con la lealtad temporal como arma definitiva. Sin embargo, como entonces, cualquier traición de un Thomas Lord Stanley, hasta ese momento de toda lealtad, puede suponer el fin de una dinastía y la llegada de otra. Los herederos, por claro que lo tengan, no siempre llegan al trono. El camino está lleno de emboscadas. Como decía Donalbain en Macbeth: «There are daggers in smiles». [Hay puñales en las sonrisas]

¿Puede Javier Fernández empecinarse aunque eso le cueste la Presidencia del Principado a la Federación Socialista Asturiana? Por supuesto, sin ninguna duda. Es una persona seria, poco dada a los cambios de opinión, así que podría estar tentado a no ceder ante dos fuerzas políticas por las que, seguramente, no tenga excesivo aprecio -como gran parte del socialismo asturiano, por otra parte-. Y, además, ya tiene una edad -65-, lo que le permite tener la opción de, simplemente, irse a su casa.

Ahora bien, ¿pueden los que están con él, con edades muy inferiores, asumir ese riesgo? ¿O, si no van de farol, buscarán un cambio de opinión? Esa es la gran clave.

En partidos de gobierno, sin la Presidencia, las disidencias internas aumentan exponencialmente. Ya no puedes buscar acomodos, colocar en las consejerías o empresas públicas, a la gente clave que sostiene el sistema. Y muchos, con un coste de «salida» inmenso [1], ante ese momento de debilidad, pueden estar tentados de pensar que ellos lo harían mejor. Se pierde el miedo, se pierde el respeto y el coste de una revuelta disminuye. Teniendo el gobierno nadie da la cara por miedo a caer en desgracia y perder la cabeza. Como muy bien decía, ayer, Luis Arias: «todo el mundo era y es intocable mientras se ganen elecciones». Sin el gobierno, todo cambia. Aunque la diferencia real sea tan poca como unas decenas de votos emigrantes.

Y lo más triste de todo esto es que, con este debate sobre la importancia del consenso y el valor de lo acordado, se está enfangando el debate verdaderamente importante: la calidad de la ley en sí. Esto es, ¿la reforma electoral es buena o mala? ¿O es que ahora hemos perdido la cabeza y es más importante el consenso que lo buenas que sean las leyes?

Como habitante del occidente, es obvio que, en teoría, nos interesa mantener la sobrerrepresentación de la que gozamos actualmente y que no es una buena noticia la pérdida de presencia en número de diputados. Sin embargo, en la práctica, no es que nos sirvan de mucho, porque están supeditados a los intereses de los partidos a nivel autonómico. Esto es, a la hora de repartir el dinero, importan más los delegados que los diputados -si no tienes el control del partido, no hay siguientes elecciones-.

Sin embargo, hay que reconocer que, en un modelo proporcional, es justo avanzar en la corrección de desigualdades del valor del voto -esto es, que el voto de todos los asturianos valga lo mismo- y en una mayor proporcionalidad entre votos y escaños.

Pero es que, además, la reforma tiene otro elemento fundamental: el desbloqueo de las listas. La elección de quién es diputado pasa de las manos de las cúpulas de los partidos al bolígrafo de los votantes. Poder y libertad de elección para la ciudadanía y rendición de cuentas por parte de unos diputados obligados a complacer, no tanto a las cúpulas de sus partidos, sino a los ciudadanos. Dicho claramente: reducción del seguidismo y la sumisión como únicos méritos para ascender en política. Eso es un avance muy considerable -sobre todo en un país marcado por la desafección con la clase política- que, como siempre, está siendo ocultado por una pelea en el barro.

NOTAS E INFORMACIÓN ADICIONAL

[1] Coste de oportunidad del abandono de la política. Ver «El drama de la selección de élites en España» de Pablo Simón en la revista Five.

Pablo Simón, eldiario.es | Lo que España se juega en la reforma electoral de Asturias

Nuevo sistema electoral para la Junta General del Principado

Mejora de la proporcionalidad del sistema propuesto con 3 circunscripciones

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